El Estado, el derecho a la salud y la emergencia sanitaria del Covid-19

Escrito por JEAN CADET ODIMBA ON´ETAMBALAKO WETHOKONDA. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UMSNH
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Fernando Zhiminaicela de Pixabay, tomada de: https://pixabay.com/photos/covid-19-coronavirus-epidemic-4982910/

El país se encuentra frente a un gran reto en el sector salud. Empieza a desarrollarse un escenario de tensión y preocupación por parte del sector médico y social, ya que el sistema de salud mexicano cuenta con grandes fallas y deficiencias que ha venido arrastrando desde hace décadas y que podrían hacerlo colapsar, como lo que ha ocurrido con países de primer mundo.

Para entender la magnitud de esta problemática, es necesario definir en primer momento el derecho humano a la salud, que se encuentra plasmado en nuestra Constitución, la que señala: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Ante dicho precepto, encontramos que en temas de salud existirá una cooperación entre federación y entidades federativas para dar solución oportuna a los gobernados.

Por lo que se refiere a las obligaciones de los Estados respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, se expresan de manera diferente según los tratados. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se dispone que los Estados han de "adoptar medidas" hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

El Ejecutivo Federal y el Sector Salud han realizado una labor coherente, hasta donde se puede económicamente, para aplicar medidas esenciales para el combate al Covid-19 y garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Por ello, con fecha de 27 de marzo del 2020, anunciaron acciones extraordinarias en las regiones afectadas por el virus. En esta cronología del día a día en México sobre la problemática de la pandemia, el día 30 de abril del mismo año se declaró, en el Diario Oficial de la Federación, Emergencia Sanitaria de Fuerza Mayor. Aquí se preparan una serie de medidas (en todos los sectores) que tienen como fin primordial garantizar el mayor grado posible de bienestar en cuanto a la salud de los gobernados.

Por todo lo mencionado en párrafos anteriores, es necesario hacernos la siguiente interrogante: ¿Nosotros como sociedad nos hemos comprometido con las medidas sanitarias emitidas por el sector salud, para combatir el esparcimiento del SARS-CoV2? Tal pareciera que no. Hay quienes por necesidad y por su condición económica se ven imposibilitados de acatarlas, ya que las condiciones laborales en México en nada les favorecen a determinados sectores laborales. Hay otros quienes pueden quedarse resguardados en su casa y acatar las recomendaciones, pero hacen caso omiso. Salen a las calles, sin las medidas mínimas de protección contra el virus.

Por consecuencia, los dos grupos citados son vulnerables, unos por necesidad y los otros por irresponsabilidad. Los últimos son quienes en primer momento serán portadores del virus y serán medios de esparcimiento del mismo, dentro del seno social. Gran parte de la población mexicana no se ha tomado las cosas en serio, y por consecuencia la tasa de contagios se incrementa; por lo cual, las instituciones de salud han tenido que tomar medidas extraordinarias. Los famosos “QUEDATE EN CASA” y “SUSANA DISTANCIA” han sido insuficientes para que los mexicanos tomen conciencia de que el problema está empezando y que estamos en pleno pico de contagios. Los incrementos los podemos ver diariamente mediante el informe que emite el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ante el alza de contagios, se emitieron acciones extraordinarias de adquisición e importación de los bienes y servicios, así como la contratación de médicos, enfermeras y demás personal médico que se consideró necesario, de carácter eventual o por honorarios, a efecto de fortalecer sus capacidades de atención médica, por el tiempo que dure la emergencia.

¿Cuál es entonces el problema que enfrenta México en temas de salud frente al Covid-19? Si sabemos que contamos con un sistema de salud deficiente y colapsado, tanto a nivel federal como estatal, creo que la pregunta puede responderse sola. No contamos con los medios suficientes para hacer frente a la pandemia que hoy en día nos ha encerrado en un miedo profundo, y no tanto por el contagio sino por el desastre social, económico y político que dejará una vez que termine. Por ello, es que es tanta la insistencia que hace el gobierno mexicano con el ¡QUEDATE EN CASA!

Dicen que para combatir eficazmente el problema del Covid-19 y empezar a frenarlo e ir aplanado la curva de contagios, es necesario aplicar masivamente pruebas, y claro que es idónea esta propuesta; pero el problema es que no hay suficientes pruebas para todos. En México, se realizan 2.6 pruebas por cada 100 mil habitantes. La experiencia nos dice que sí es necesaria la aplicación masiva de estas pruebas de detección. Muestra de ello es Corea del Sur, que contaba con 800 pruebas por cada 100 mil habitantes.

Hasta principios de abril ya se habían aplicado en el país un total de 14 mil pruebas de detección del Covid-19. Cabe mencionar que China ha donado al Estado mexicano más de 50 mil pruebas, con el objetivo de bajar los índices y aplanar la curva de casos confirmados. En este tenor, hay cuestionamientos sobre las pruebas rápidas, ya que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues aún presentan deficiencias; por ello, son solamente utilizadas como medida de investigación. Estados como Jalisco han empezado a aplicarlas aun y cuando las autoridades federales de salud no las han permitido. Tal vez puedan servir como un primer filtro de detección. Actualmente Jalisco aplica 500 pruebas rápidas de detección al día.

Es una labor titánica la que los médicos están realizando en este momento. Por ello, hay estados que han optado por medidas de apoyo económico, como lo hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el pasado 13 de abril del año en curso. En su comunicado, el gobernador señaló que los médicos, enfermeras y personal del sector salud tendrán, además de su sueldo, un aumento del 60% por la tarea tan importante que están realizando frente a la problemática actual.

Problemas seguirán surgiendo como vaya avanzado el número de casos confirmados de Covid-19, pero es necesario que se solucione uno que ha ocasionado gran revuelo, quejas, molestias, descontento, frustración, manifestaciones, por parte del sector salud. Esté problema es el desabastecimiento de insumos médicos para seguir realizando las labores de atención hacia las personas contagiadas. Basta señalar que hasta el mismo personal médico que atiende a los enfermos han salido contagiados, por no contar con los medios necesarios para desempeñarse. Ante el desabastecimiento de insumos, varias universidades han retirado a sus médicos-pasantes de los hospitales, por no tener las condiciones mínimas de seguridad. Entre estas universidades están el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana de San Nicholas de Hidalgo (UMSHN). Esto sin duda alguna es un golpe fuerte de apoyo para el sector salud.

Ahora bien, ante este desabasto que hay sobre equipo médico apropiado para que los médicos puedan tratar a las personas infectadas, otra vez el juicio de amparo ha hecho acto de presencia para obligar al Estado a que dote a las instituciones de salud con equipo médicos eficientes y suficientes, para atender la pandemia. La suspensión que emitió el juez de amparo a la quejosa, en este caso una doctora especializada para atender los casos de infección, es que se puede ausentar de sus labores con goce de sueldo hasta que la institución de salud cuente con los medios necesarios que garanticen su derecho a la salud y su derecho a la vida. Casos como este seguirán manifestándose cada vez más, por lo que el Estado deberá de redoblar esfuerzos para garantizar la salud de todas y todos los mexicanos.

La pandemia avanza, los problemas siguen y tendremos que seguir bajo este contexto por varios meses más. Pero nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad y es acatar las medidas necesarias que las instituciones de salud nos estipulen con el fin de aplanar la curva creciente de contagios en México y evitar el colapso del sistema de salud. Hasta el cierre del día 15 de abril de 2020, los datos eran los siguientes: “Suman 449 fallecimientos, 5 mil 847 contagios, 11,717 casos sospechosos, y 26 mil 138 casos negativos en México. En el mundo la cifra supera los 2 millones 56 mil casos positivos de Covid-19.” Estos datos día a día variarán, con la esperanza de que sea a la baja, porque, de lo contrario, no habrá amparo alguno que nos garantice la protección del derecho a la salud.


 

JEAN CADET ODIMBA ON´ETAMBALAKO WETHOKONDA

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Edgar Hernández
Muy buena reflexión la que realiza Dr.

Muy adecuado el posicionamiento de su postura Dr.


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Maribel Valdez
Excelente reflexión.

Gracias por compartir su conocimiento.

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